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Diosdado Toledano: “Pedimos 500 millones de partida presupuestaria y en 2021 establecer el 4% del presupuesto de la Generalitat para la RGC”

Diosdado Toledano (Barcelona, 1949) lleva gran parte de su vida luchando contra las injusticias sociales. Es la cara visible de la plataforma impulsora de la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación social a través de la cual se garantiza el mínimo para una vida digna a las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza. Toledano se muestra preocupado ante el previsible incremento de la pobreza y exclusión social como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Hablamos con él sobre su dilatada trayectoria en el sindicalismo y los movimientos sociales y sobre esta ley que parece no estarse aplicando de forma adecuada.

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Háblenos un poco de su recorrido como activista. ¿Cuándo empieza su interés por la lucha social?
Vengo de una familia de tradición republicana y de izquierdas. Durante la Guerra Civil, mi padre se fue de voluntario a luchar con el Ejército Rojo contra el alzamiento franquista. Eso influyó en mi toma de consciencia y mi posicionamiento. Cuando estudié ingeniería técnica en la Escuela Industrial enseguida me involucré en la creación del Sindicato de Estudiantes. Desde entonces no he dejado de estar activo en los movimientos sociales.

Ha estado vinculado al movimiento sindicalista hasta el momento de su jubilación…
Tenía la convicción de la importancia del movimiento obrero para la transformación de la sociedad. Dejé de estudiar ingeniería y me metí a trabajar en fábricas, tuve que escapar de casa y vivir clandestinamente por intentos de detención. En ese entonces estaba metido en las Comisiones Obreras de la época y así empezó mi vida sindical.

Era usted muy joven…
Sí, antes de ir al servicio militar entré a trabajar en Seat. Era el año 70 y estuve implicado en un conflicto. En una reunión clandestina en Sant Boi nos detuvo la Guàrdia Urbana y estuve unos días en la Modelo. Durante el servicio militar, como tenía convicciones de cambiar las cosas y luchar contra la dictadura, organicé comités de soldados. La policía militar me llevó a ser interrogado a la comisaría de Via Laietana y posteriormente dieron la orden de que tenía que ir a prisión militar. Tomé la decisión de desertar. Estuve un año clandestino en Barcelona, con el apoyo de compañeros de los comités de soldados que había organizado, pero cuando los recursos escasearon para los compañeros que me escondían, opté por exiliarme y me refugié en Francia durante dos años y medio, antes de volver clandestinamente a España poco antes de la muerte del dictador.

¿Entonces regresa a Seat?
Al principio de la transición lideré la batalla por la amnistía laboral en Seat. Fue una de las primeras fábricas en que se consiguió y como consecuencia de ello regresé a la empresa. Desde ese momento volví a retomar la actividad sindical.

Ha visto evolucionar el movimiento sindical. ¿Está usted decepcionado? 
La palabra no sería decepción, porque siempre hay que comprender lo que sucede. Sí es cierto que durante el franquismo había una gran solidaridad y unidad en el movimiento obrero y una capacidad de respuesta importante. Con el tiempo, eso fue cayendo por diferentes causas. Para mí el punto de inflexión que se produce en Seat fue cuando los sindicatos entraron a negociar con la empresa la gestión de las contrataciones. Para la empresa fue un gran negocio porque obtenía unas contraprestaciones. Es decir, si tú te mantenías reivindicativo, la empresa te cortaba el flujo de administrar esos contratos. Se creó un cierto clientelismo sindical. Algunos nos opusimos a ese sistema y a consecuencia de nuestra protesta se expulsó del sindicato a los dirigentes de CCOO de Seat Martorell. Eso condujo a un problema de desmovilización del sindicalismo.

Cuéntenos el desenlace de su lucha en Seat.
En 2005 la empresa impuso un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a 680 trabajadores de la plantilla, que también me afectó a mí, y que fue un proceso de limpieza de la gente más combativa. Ese expediente fue participado también por los dirigentes sindicales de CCOO y UGT. No era un problema de que sobrara personal porque, al cabo de unos meses, la empresa volvía a contratar gente. Una parte de los afectados por el ERE volvieron a la fábrica, pero el núcleo que ellos consideraron que había que cargarse, no podíamos reingresar. Eso nos lo comunicaron en 2008 y precipitó que algunos compañeros nos pusiéramos en huelga de hambre e hiciéramos varias acciones. A raíz de esto, los trabajadores acabaron apretando a los sindicatos para convocar una huelga en fábrica y, a partir de la convocatoria de esa huelga unitaria, la empresa se bajó los pantalones y aceptó el reingreso del resto de gente.

¿Qué poder real tienen hoy en día los sindicatos?
Los sindicatos solo tienen poder si la clase trabajadora en las fábricas tiene consciencia y participa. Hace falta un movimiento obrero educado, consciente, que se una en asambleas… Las crisis evidentemente debilitan el movimiento sindical porque la gente prioriza el tener trabajo.

¿Los movimientos sociales operan al margen de los sindicatos?
Inicialmente los sindicatos históricos eran socio políticos, globalizaban toda la respuesta al sistema capitalista de la época. Cuando su actividad pasa a reducirse a las fábricas y los centros de trabajo, dejan todo un espacio que, en la medida que nadie lo cubre, es la clase trabajadora y la propia ciudadanía la que se organiza y genera movimientos sociales autónomos.

También está usted metido en Marea Pensionista. ¿Qué futuro augura usted en este sentido? ¿Las generaciones venideras tendremos pensiones? 
Creo que la gente joven tiene que mirar la experiencia de las mareas pensionistas y entender que estas no luchan solo por su generación, luchan por mantener las pensiones públicas también para las generaciones venideras. Durante un tiempo, la gente joven solo ha vivido la precariedad y, cuando eso ocurre, la tendencia es a creer que la precariedad es normal. Pero a pesar de esas circunstancias, la gente joven ha sido capaz de reaccionar, de autoorganizarse y de obtener victorias. Yo confío que es posible ganar la batalla de las pensiones.

En estos últimos años ha estado enfrascado en la lucha por la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). ¿Cuándo surge esta lucha?
Esta iniciativa surge en el 2011 cuando el gobierno presidido por Artur Mas adoptó una serie de recortes sociales para reducir el gasto social. Hicieron una contrarreforma de lo que era la Renta Mínima de Inserción (el PIRMI) y criminalizaron a las personas que cobraban esta prestación acusándolos de fraude. En el verano de 2011, cuando ya había surgido el movimiento del 15M, respondimos. Entonces nos planteamos que, mejor que volver a la situación anterior al recorte del PIRMI, era apostar por el derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía, establecida en el Estatuto de Autonomía (artículo 24.3). Esa era una formulación mucho más avanzada que el PIRMI.

Se constituye entonces la plataforma impulsora de la Renta Garantizada de Ciutadana…
Entonces impulsamos una ILP con el objetivo de hacer realidad ese derecho que había en el Estatuto y construimos el proyecto de ley de la Renta Garantizada. Hubo elecciones de por medio y el proceso se ralentizó hasta poder presentar la ILP al Parlament. Cuando ésta fue admitida a trámite, recogimos más de las 50.000 firmas necesarias y, en 2014, presentamos en el pleno del Parlament la propuesta del contenido de esa ILP. Des de la Generalitat siempre se ha intentado que el proceso se dilatara al máximo para que no se votase esta ley y nosotros tuvimos que hacer varias acciones hasta que pudimos empezar la negociación con el gobierno, una negociación que fue muy dura hasta que, finalmente, se aprobó por unanimidad en julio de 2017.

¿Se aplica correctamente esta ley?
Sabíamos que con todas las trabas que había puesto el gobierno de la Generalitat, haría todo lo posible por no aplicarla correctamente, por eso decidimos no disolvernos. La RGC tiene una prestación central, la propia renta garantizada, y los complementos de pensiones no contributivas y prestaciones sociales. Los problemas los encontramos con las nuevas solicitudes, porque se descubrió que estaban incumpliendo la aplicación de la ley; no se aplicaba el silencio positivo y se denegaron muchas solicitudes sin alegar razones claras. El nivel de resoluciones negatorias era del 90% y la gran mayoría eran injustas. A partir de aquí iniciamos acciones iniciativas ante el Parlament para que se revisen todas las solicitudes denegadas, se recorte el tiempo de carencia a dos meses (el tiempo que tienes que demostrar que tus ingresos son inferiores al umbral de la renta garantizada) y se acorte el tiempo de resolución administrativa.

¿El presupuesto que destina la Generalitat a la RGC es suficiente?
Los datos de Idescat en Catalunya, relativos a 2018 cuando ya se aplicaba la ley, indican que hubo un incremento de la pobreza severa y la pobreza relativa. Demostración evidente de que se incumplió la ley. Pongamos como ejemplo la Renta de Garantía de Ingresos de Euskadi, en la que el gobierno de Euskadi se gasta el 4,35% del presupuesto, con una tasa de vulnerabilidad mucho menor que en Catalunya. Aquí se le destina solo el 1,1% del presupuesto. Y eso es insuficiente para implementar correctamente la RGC. Por eso hemos sacado un comunicado en que, ante la situación de emergencia en que la pobreza se va a disparar, planteamos que haya 500 millones de partida presupuestaria y en 2021 establecer ya el 4% del presupuesto de la Generalitat.

Se ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno estatal. ¿Cómo han recibido esta noticia?
En abril del mes pasado enviamos una carta al presidente del Gobierno con una serie de propuestas para garantizar la compatibilidad y complementariedad con la RGC. En primer lugar, esperamos que dicha ley respete las competencias de la Generalitat de Cataluña, así como de otras comunidades autónomas, buscando el mejor encaje con las diversas leyes existentes de Rentas Mínimas, Básicas, de Garantía de Ingresos…

Hemos oído que se presenta a las primarias por Podem junto a Noelia Bail. ¿Como será este proyecto político?
Sí, eso es a título personal. Soy miembro del Consell Nacional de Catalunya en Comú y estoy en Podem desde hace un año y pico. La idea es recuperar lo mejor del impulso inicial de Podem, en que la influencia del 15M fue muy evidente, porque con el tiempo se generan desgastes y abandono de aquellas ideas iniciales. También hacemos una apuesta muy clara por el papel de los movimientos sociales, que nadie se piense que la acción del gobierno es suficiente. Siempre hay que tener muy clara la opinión de los movimientos cuando se hacen debates o medidas parlamentarias.

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Ernest Morera: “L’emergència sanitària no ha passat i ara arriba l’emergència social amb els desnonaments”

Veí del Poble-sec, l’Ernest Morera (Barcelona, 1974) és soci i treballador de la cooperativa que gestiona el gimnàs social Sant Pau. Hi treballa des del 2012, però ha estat vinculat al projecte tota la vida; és fill i nebot de les dones que es van encarregar de la neteja del gimnàs durant 25 anys. Amb la Covid-19, aquest espai de la Ronda Sant Pau, 46 s’ha convertit en un equipament d’emergència social pel qual cada dia passen 150 persones a dutxar-se, canviar-se de roba i agafar un àpat. L’Ernest ens rep al gimnàs, entre muntanyes de roba, líquid hidroalcohòlic i caixes de menjar. Està suant, atrafegat i se’l veu afectat emocionalment per tot el que estan vivint, però tot i això, es mostra optimista i esperançat de cara al futur.

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Per a qui encara no sàpiga què és el gimnàs social Sant Pau, ens en fas cinc cèntims?
És un gimnàs que té 80 anys i que el 2012 va ser recuperat per part dels treballadors i treballadores, en un moment en què el projecte passava una situació molt delicada i va estar a punt de tancar. En aquell moment ens convertim en cooperativa sense ànim de lucre i entenem que tenim l’obligació de tornar el que ens han donat els barris del Poble-sec, Sant Antoni i Raval. En aquests barris ens trobem amb un seguit de necessitats que cal cobrir. De mica en mica el gimnàs es va convertint en un projecte social perquè ens trobem en una situació complicada per al barri i hem de prendre decisions per posar el nostre gra de sorra. Actualment, previ a la Covid-19, hi ha 57 entitats que ens deriven persones com a usuàries del Sant Pau i tenim 1.432 socis, dels quals 928 no paguen res.

Com es pot sostenir això?
El nostre projecte té problemes econòmics greus. La despesa en consums s’ha doblat i el nombre de persones que han necessitat fer esport ens ha superat. Això, amb un model que no ha tingut ajut per part de l’Ajuntament, ha estat difícil. Es dona la paradoxa, a més, que d’aquestes persones que no paguen, 353 són derivades per part de l’Ajuntament. Aquesta és la peça que no ha encaixat.

També heu tingut problemes amb la propietat de l’edifici. En quin punt es troba això ara?
L’edifici és privat, és d’una família de vuit cosins. A nosaltres ens vencia el contracte el 30 de juny d’aquest any i ja havien intentat desallotjar-nos, però ho hem pogut evitar fins ara. Ara se’ns ha acabat el contracte i estem negociant la compra de l’edifici. L’Ajuntament té, des del 25 de maig de 2018, l’obligació de comprar-lo, perquè es va aprovar en plenari sense cap vot en contra, però veiem que no es realitza aquesta compra i nosaltres hem buscat alternatives privades i hem presentat tres opcions a l’Ajuntament. El problema és que la propietat vol cobrar més del que val l’immoble, per tant, per a nosaltres el més lògic seria que l’Ajuntament comprés l’edifici, però li oferim altres opcions público-privades per poder salvar l’edifici. En els pròxims mesos hi hauria d’haver una solució.

Previ a la Covid-19, quin era el perfil de les persones usuàries del centre?
Tenim socis que ho són des de fa 25 anys, de tots tres barris. Tenim una representativitat del que hi ha als barris, gent que se’n pot anar de vacances als Estats Units i gent que ho passa malament per arribar a final de mes. Els clients que econòmicament no tenen problemes conviuen amb els que no tenen possibilitats de pagar la quota, però la màgia del Sant Pau és que ningú sap qui paga i qui no, les normes són les mateixes per a tothom i això fa que sigui un projecte molt enriquidor, a més que, des dels anys 40, tots els nens dels Escolapis i l’escola Griselda han après a nedar aquí. El que també li dona molta força al gimnàs és que, abans de la Covid-19, oferíem cada dia 50 dutxes a persones que viuen al carrer mentre obríem als matins. És un projecte molt arrelat als barris i al teixit associatiu.

Com us ha transformat l’emergència sanitària?
Nosaltres vam tancar tres dies abans que fos obligatori perquè ja vam veure que no podíem mantenir la seguretat dels nostres socis. En un primer moment no vam tenir capacitat de fer res, però al cap d’un mes, els serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona ens van proposar de treballar plegats com a centre social. Va ser una decisió molt encertada i estem molt contents d’aquesta col·laboració. Ara venen cada dia 150 persones a dutxar-se, canviar-se amb roba neta que els oferim i, en sortir, agafen un àpat.

Qualsevol persona pot utilitzar aquests serveis?
Qui tingui necessitat de menjar, roba o dutxa pot venir.

I el veïnat del barri, pot contribuir-hi d’alguna manera?
Els veïns han respost a totes les crides i ens han ajudat molt. Ara mateix necessitem roba i, si hi ha donacions de menjar, que sigui menjar que no s’espatlli i que ho pugui cuinar algú que viu al carrer. Pel que fa a mans, ara mateix estem bé, però potser necessitarem voluntariat si la situació segueix així.

No hi ha previsió de tornar a recuperar el servei de gimnàs?
Ara mateix vivim amb molta incertesa, però ens hem compromès amb l’Ajuntament a estar fins el 15 d’octubre i, a partir d’aleshores, tornar a obrir com a gimnàs, però no sabem realment què passarà.

Com veus la situació del Raval arran de la crisi sanitària? Ha empitjorat molt?
Quan vam obrir el centre com a espai social durant la crisi sanitària, vam veure que venia un perfil nou; usuaris que venien amb vergonya, amb molta inseguretat. Era gent que havia estat treballant a l’economia submergida, que no tenia accés a ajudes i que, amb l’estat d’emergència, s’havien quedat sense recursos. També ens hem trobat un perfil de gent que compartia pis, no ha pogut pagar i s’han quedat al carrer, no són famílies perquè els desnonaments s’han aturat fins setembre, però sí que hi ha hagut gent que ha perdut la casa. Cal tenir en compte que l’emergència sanitària no ha passat i ara ve una emergència social, que arriba amb retard. Fins ara els jutjats no han actuat, però ara començarà una onada de desnonaments.

Estaria bé acabar amb una mica d’optimisme…
Tota la situació és emocionalment molt desgastant, però a mi em fa ser optimista veure com s’organitzen els veïns i els barris. S’han fet xarxes autogestionades per repartir menjar, ordinadors per als infants que ho necessitaven, roba… On no arriba la resposta de les institucions, han arribat els veïns. Això és esperançador.

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Gal·la García: “Quan nosaltres entrem en joc, sempre hi ha una resposta”

En moments de crisi com els que vivim, l’accés a un dret tan bàsic com l’habitatge suposa una lluita constant per a moltes persones que han perdut la feina o no tenen prou recursos per assolir el pagament d’un lloguer. Parlem amb la Gal·la García (Barcelona, 1985) i ens acompanya la Berta, totes dues membres del Sindicat de Barri del Poble-sec: un espai de suport mutu que lluita per fer front a les injustícies socials vinculades amb l’habitatge al barri.

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Des de quan existeix el Sindicat de Barri i quina és la vostra tasca al Poble-sec?
El Sindicat de Barri del Poble-sec existeix des de fa uns cinc anys en el marc de l’ateneu La Base. Neix de la necessitat de la defensa del dret a l’habitatge. Al Poble-sec hi ha una guerra oberta en matèria d’habitatge pel tema de l’especulació, la gentrificació i els pisos turístics. El preu del lloguer ha pujat moltíssim i el mercat especula amb un bé bàsic per a tothom; aquest és el punt de partida i la raó de la nostra existència. El que fem és oferir assessorament col·lectiu i suport emocional a persones que s’enfronten a un desnonament, un judici o a una situació de vulnerabilitat davant de la propietat. Si estàs sol davant d’aquesta mena de situacions, ets molt més vulnerable.

De quina manera us organitzeu al sindicat? Quantes persones en formeu part ara mateix?
Som unes 30 o 40 persones fixes, però en algunes assemblees hem arribat a ser 70. Som un moviment molt horitzontal i amb perfils molt diversos; gent jove que no es pot emancipar, mares solteres sense papers, persones amb pocs recursos, amb poca xarxa, etc. Fem assemblees setmanals, on ens trobem totes, i després treballem en comissions. Tenim també estructures populars, com el grup de dones, el comitè revolucionari d’aliments o un grup d’esport.

Durant el confinament heu engegat algunes campanyes, com la Vaga de Lloguers. En què consisteix aquesta proposta?
Amb la crisi de la Covid-19 moltes persones van perdre la feina o les seves empreses van entrar en ERTO, això suposa una nova crisi social que no volem pagar-la els mateixos de sempre i, per tant, si nosaltres no cobrem, no paguem. És una evidència, perquè quan la gent no cobra no pot pagar l’habitatge. El que es volia era donar un paraigua de suport a aquelles persones que no poden pagar el lloguer i s’han d’enfrontar sols als monstres dels bancs, els inversors, els grans propietaris, etc.

Quines són les conseqüències legals d’això per a les persones que han secundat aquesta vaga?
A efectes legals, quan tu no pagues, pots enfrontar-te a una demanda per impagament de lloguer, una demanda que pot acabar en ordre de desallotjament. Però la campanya no diu “no pagueu” d’entrada, hem fet sobretot una assessoria col·lectiva per articular una lluita organitzada. Hem intervingut entre propietat i llogaters per arribar a acords i s’ha demostrat que, quan nosaltres entrem en joc, sempre hi ha una resposta. Per això té sentit i és necessària la força col·lectiva.

Quin model de lloguer seria l’òptim des del vostre punt de vista?
Nosaltres estem a favor de què tothom tingui un lloc on viure i no som polítics per buscar el millor model. En una societat capitalista, els mínims posats per l’Estat són els lloguers socials; aquest model diu que has de pagar un 30% dels teus ingressos, que han de ser molt, molt mínims perquè si no, no te l’ofereixen. Quan intervenim, nosaltres intentem negociar un pagament entre el 10 i el 30% dels ingressos de la família, però què passa quan aquella família directament no té ingressos? Què passa quan no poden treballar perquè no tenen papers? Nosaltres no parlem de lloguer social, parlem de lloguer assequible.

Hem seguit de prop la trajectòria del Bloc Llavors del carrer Lleida. Al març va haver-hi un desallotjament dels ocupants. Quina és la situació actual?
L’any passat, el Parlament va aprovar un decret llei que obligava als grans propietaris (posseïdors de 15 bens immobles) a fer contractes de lloguer social a tots els okupes que portessin més de sis mesos en els seus immobles ocupats, si aquests immobles havien estat buits durant dos anys. Ens vam intentar acollir a aquesta llei perquè el Bloc Llavors complia tots els requisits i l’ocupaven famílies vulnerables, però el que va passar és que la llei no tenia aplicació penal, només suposava una sanció administrativa cap a la propietat, a qui els sobren recursos per pagar una multa. Per això es va poder fer efectiu el desallotjament, que va ser molt violent i en data oberta, una pràctica que, pel que marca la LEC, no és legal. Actualment hi ha tres pisos ocupats que segueixen resistint perquè estan en un procés judicial diferent.

Què passa ara amb els pisos turístics amb la caiguda del turisme arran de la Covid-19?
Alguns propietaris estan fent contractes temporals fins que la situació reverteixi. Altres pisos turístics han estat ocupats. Un dels casos és el del carrer Hortes, 4, on hi havia un bloc de pisos sencer buit, que preocupa molt els veïns perquè l’han ocupat persones d’un perfil violent i agressiu.

Okupació també significa, a vegades, narcopisos i problemàtiques com la del cas que esmentes.
No és cap secret que, quan hi ha cases buides, també ho aprofiten les màfies d’okupació i dona lloc a moltes activitats delictives, com el narcotràfic o la prostitució, a més d’agressions i violència masclista. Nosaltres som molt conscients que la delinqüència és fruit de la desigualtat i que cal mirar més enllà, perquè que ens agredim i ens culpabilitzem entre els pobres només és una victòria dels rics. Aquesta situació ens preocupa perquè està generant discursos molt racistes en els que no volem entrar i la resposta de les institucions està sent nul·la.

En vista de casos com el d’Hortes, 4, hi ha veïns preocupats perquè puguin trobar-se casa seva ocupada, per exemple, en tornar de vacances.
Hi ha una campanya de la por per part dels mitjans de comunicació massius, que contribueixen a  preservar els interessos de lobbies. Si algú marxa temporalment i troba el seu habitatge violat, no és okupació. La okupació és  un delicte d’usurpació recollit al codi penal i al codi civil. Que tu marxis i t’entrin a casa és una violació del domicili (allanamiento de morada), un delicte molt greu penat de forma molt severa. Aquests casos són totalment excepcionals i anecdòtics, però és el que ocupa espai a la premsa, quan realment l’okupació és un moviment molt més ampli i és una forma de donar resposta habitacional a moltíssima gent que no pot pagar el lloguer o la hipoteca del lloc on viu.

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Silvia Berna: “Malauradament l’activitat teatral queda exclosa d’aquest nou destí que se li vol donar a l’espai”

Silvia Berna és una apassionada de les arts escèniques i de la seva feina. Actualment i des de fa vuit anys, dirigeix la Sala BARTS, un teatre i sala de concerts al Paral·lel que ha esdevingut referent a la ciutat per la qualitat de la seva programació. Ara, l’Ajuntament de Barcelona (de qui la sala és propietat) vol reformular el model de l’espai i convertir-lo en la Casa de la Música; una decisió que ha sobtat als actuals gestors de la sala i que ha despertat un debat: quin model cultural necessita el Paral·lel? Ens podem permetre perdre un teatre?

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Fes-nos cinc cèntims de la teva trajectòria professional abans de ser directora de la BARTS.
Professionalment sempre he estat vinculada al teatre. Vaig començar als 24 anys al Victòria i van ser onze anys plens d’experiències molt gratificants en diferents àmbits de la gestió. Després d’un parèntesi se’m va presentar la fantàstica oportunitat de dirigir aquest espai, la BARTS, que combina diferents disciplines artístiques per tal d’aprofitar al màxim el gran potencial de les instal·lacions. És tot un privilegi formar part del desenvolupament i consolidació d’aquest projecte, que avui ja és tot un referent per a la gent de dins i de fora de Barcelona.

Com neix el teu interès per les arts escèniques?
Abans de dedicar-me professionalment ja era espectadora de teatre, especialment m’agradava la dansa. No em perdia cap espectacle de Danat Dansa, Gelabert-Azzopardi, però tampoc de la Fura, de Dagoll Dagom o del Lliure, el Romea o de Belle Epoque. En aquells temps treballava a La Caixa. Vaig tenir la sort d’assabentar-me que al Victòria buscaven algú i em vaig presentar a l’entrevista. Va ser molt emocionant passar a veure com era tot des de dins i conèixer el gran l’esforç i passió que calen per aixecar aquestes activitats i dur-les a un escenari.

Quin era el vostre objectiu quan vau assumir la gestió de la Sala BARTS?
Sobretot crear un espai transversal que remuntés un local que havia estat tot un referent a Barcelona, però havia perdut el seu lloc a la ciutat. Convertir-lo en un epicentre d’activitat teatral, musical, de debat, sense perdre de vista el teixit del barri, afavorint aliances amb altres actors que lluiten perquè el Paral·lel recuperi l’empenta que hauria de tenir com a gran eix cultural de la ciutat i, sobretot, aportar al públic de Barcelona i també al que està de pas, propostes de molta qualitat, d’artistes i companyies emergents o consolidats en un espai còmode i accessible

Quina sala us vau trobar? Quins reptes vau haver d’assolir?
La sala havia estat pensada per a dur a terme gran varietat de propostes escèniques. Disposa d’un escenari dotat amb tecnologia per acollir produccions teatrals i musicals de gran format. Ens vam fer càrrec de la compra de l’equipament tècnic existent i d’ampliar la dotació per dur a terme projectes més ambiciosos, vàrem consolidar un gran equip humà i es va construir una nova imatge i una nova manera de fer. Hem assolit una part del que ens proposàvem i és cert que ens agradaria arribar més enllà, però les més de 160.000 persones que passen cada any per la Sala BARTS, les set temporades acollint l’obra teatral familiar més vista a Catalunya i el premi a millor sala de concerts per votació popular el 2019, corroboren que els ciutadans han valorat el nostre projecte.

Com era la vostra situació abans de la pandèmia?
Quan ens vàrem fer càrrec de la sala, l’activitat escènica i musical arrossegava una gran crisis de la qual encara no ens havíem recuperat. Els primers anys van suposar grans esforços en inversió per aconseguir atreure un públic que o bé desconeixia l’espai o bé l’associava amb altres èpoques. L’any passat havíem començat la remuntada i per aquesta temporada teníem una gran programació prevista, malauradament els efectes de la pandèmia han estat devastadors a tots els nivells i les expectatives s’han capgirat completament.

L’Ajuntament creu que cal treure més rendiment públic de la sala i proposa convertir-la en la Casa de la Música. Com us arriba aquesta notícia?
Em vaig assabentar a través de la televisió i per a mi va ser un xoc. Confiàvem que l’espai mantindria l’activitat plural que havíem aconseguit amb tants esforços i que ha estat tan ben acollida per públics tan diversos.

Creieu que és possible conjugar la vostra programació i el model que vol l’Ajuntament?
Encara no es coneixen les condicions concretes del model que desitja l’Ajuntament. Les Cases de la Música estan orientades a l’activitat de formació musical, a oferir espais a grups i iniciatives molt emergents, a la participació ciutadana i a l’exhibició professional de música. Nosaltres acollim propostes emergents, col·laborem amb moltes iniciatives del barri i de la ciutat i programem concerts professionals. Malauradament, l’activitat teatral queda exclosa d’aquest nou destí que se li vol donar a l’espai.

Què en penses del model cultural del Paral·lel?
Actualment, malgrat iniciatives com les de BARTS, la del Mago Pop al Victòria i les que ja estan consolidades, com el Condal o la Sala Apolo, queden molts buits per omplir. El Paral·lel va ser el paradigma de l’oci a la ciutat anys enrere i hores d’ara hi ha espais pendents de recuperar l’activitat perduda com l’Arnau o el Teatre Apolo. Atreure públic que aporti cultura, riquesa i un moviment positiu al barri és fonamental en aquests moments en què la ciutat està perdent el punch d’altres èpoques no tan llunyanes.

I el panorama cultural en general, arran de la crisi de la Covid-19, com creus que es transformarà?
Aquesta és la gran pregunta. Està clar que durant un temps haurem d’adquirir nous hàbits en moltes interaccions, però el fet cultural ha de mantenir la proximitat i enfortir la relació entre les persones. S’està treballant en mesures que generin confiança i seguretat perquè el públic torni a omplir els espais. La cultura és un bé de primera necessitat com s’ha demostrat durant el confinament, on la música, el teatre i les arts en general han estat fonamentals per mantenir cert equilibri.

Quin futur li augures a l’espai si finalment s’acaba convertint en la Casa de la Música?
És prematur aventurar-se a fer conjectures del futur d’aquesta iniciativa. En una ciutat com Barcelona, dotada ja de grans centres de formació musical com el Taller de Músics, el Conservatori del Liceu i molts altres que realitzen una bona tasca docent, no podem dir quin serà el grau de complicitat que s’establirà amb el conjunt de la població. El que sí lamentem és la pèrdua d’un espai polivalent, que incorpora el teatre com a part fonamental de la seva programació, i en un temps on les arts escèniques ja pateixen una gran manca d’espais de projecció.

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